La defensa del empresario minero Jesús Baca Quispe denuncia presuntas irregularidades en el proceso judicial por la masacre de Atico, ocurrida en 2022 en Arequipa.

Sostienen que no existirían pruebas directas que lo vinculen con el crimen, pese a que continúa con medidas restrictivas dentro de una investigación por crimen organizado que aún no concluye.

CASO. El caso se remonta al 2 de junio de 2022, cuando un enfrentamiento armado entre las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, dejó 13 mineros muertos.

A partir de la tragedia, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, liderada por la fiscal María Alejandra Cabana, inició un proceso penal que actualmente involucra a más de 50 personas.

Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado impulsa la investigación por delitos como homicidio, usurpación agravada y tenencia ilegal de armas.

DENUNCIA. Según la investigación fiscal, un colaborador eficaz habría vinculado a Baca con los hechos ocurridos entre 2020 y 2022 en concesiones de Intigold Mining; sin embargo, su defensa cuestiona que esta versión no estaría respaldada con evidencia objetiva.

Baca fue incluido como presunto financista del conflicto; sin embargo, sostienen que no existen registros de transferencias, comunicaciones ni coordinación con los autores materiales.

 “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos (…) Esto se tiene que aclarar”, afirmó durante el proceso.

Según su versión, el día de la masacre, se encontraba en Arequipa para el nacimiento de su hijo. Esto estaría corroborado con registros y testimonios recogidos durante el proceso.

Asimismo, advierten que, durante las audiencias, testigos protegidos no habrían logrado identificarlo, lo que debilitaría la tesis fiscal.

“No lo puedo mencionar porque no lo conozco”, habría señalado uno de ellos, según la defensa, que además asegura que los fondos incautados cuentan con respaldo de peritajes contables que acreditarían su origen lícito.

“Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, sostuvo el abogado de Baca, Giuliano Delgado.

Asimismo, indican que el expediente del Ministerio Público presenta irregularidades, como la presencia de una supuesta cuarta arma que, según la defensa, nunca fue encontrada ni consignada en actas.

“Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”, habría declarado el presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, tras ser consultado sobre dicha arma en el acta policial.

La defensa también añade que, durante el proceso, se allanó por error la vivienda de otro sujeto homónimo en Lima.

Pese a estos cuestionamientos, el empresario se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva acusado de lavado de activos, mientras el proceso continúa en el Poder Judicial sin sentencia definitiva.

El caso, aún en investigación, mantiene abiertas las interrogantes sobre si se está logrando identificar a los verdaderos responsables o si, como denuncia la defensa, se estaría procesando a personas sin pruebas concluyentes, debido a una presunta manipulación en el sistema judicial.