La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa logró condenas contra 13 personas por tráfico ilícito de drogas en la provincia de Islay, entre ellas un efectivo de la Policía Nacional del Perú que alertaba los operativos. Sentencias van desde varios años de prisión efectiva hasta servicios comunitarios.
El caso se remonta al 21 de abril de 2023, cuando la Fiscalía y la Policía realizaron un operativo en Mollendo tras acciones de videovigilancia que permitieron detener a los implicados.
Según el Ministerio Público, en la investigación se recolectaron diversas pruebas, como testimonios, documentos y la declaración de un perito acústico que determinó la participación del policía Humberto Escobedo Huanca.
El efectivo policial utilizaba sus conocimientos y funciones en la comisaría de Mollendo para informar a otro involucrado, identificado como Miguel Rivera Saire, sobre la presencia de personal policial y los operativos programados.
Rivera recibió 15 años y 10 meses de prisión por favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, porte de armas y pertenecer a una banda criminal.
A Roxana Mestas Mamani se le impuso 12 años de cárcel por similares delitos, y a Wilfredo Saire Castro y Wilmer Baquedano Valderrama, 6 años y 1 mes por tráfico ilícito y microcomercialización de drogas, respectivamente.
Luisa Yabar Prado cumplirá 5 años, convertidos en servicios comunitarios equivalentes a 257 jornadas. Otras penas, incluidas suspensiones de prisión, se aplicaron a varios acusados por microcomercialización.
La Fiscalía señaló que Rivera y Mestas lideraron una banda criminal entre 2021 y 2023, encargada de preparar y distribuir sustancias como pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana, afectando la salud pública local.
Las drogas se comercializaban por entrega desde las ventanas de viviendas y por “delivery” tras llamadas telefónicas.
La acusación inicial planteaba una organización criminal de tipo red, pero por cambios legislativos la Fiscalía recalificó los delitos para cada imputado. Además de las penas, todos deben pagar reparaciones civiles, días multa e inhabilitaciones.
En el caso del efectivo policial Escobedo Huanca, se dispuso inhabilitación por 10 años de su cargo.
