Un reportaje del dominical Punto Final encendió la polémica en plena campaña electoral 2026 al revelar presuntas prácticas que vinculan a la Universidad César Vallejo (UCV) con actividades proselitistas del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. 

La investigación muestra el traslado de trabajadores desde instalaciones universitarias hacia mítines políticos en Lima. “Nos llaman y nos indican que debemos asistir. Es complicado negarse”, señaló un colaborador bajo reserva, evidenciando presiones internas según el informe.

El seguimiento periodístico documentó cómo grupos de empleados salían del campus en buses, algunos aún con uniforme laboral, para luego cambiarse de ropa y vestir indumentaria partidaria en los eventos. En uno de los mítines, los asistentes repetían arengas como “¡Si Acuña lo dice! ¡La gente lo hace!”, mientras coordinadores organizaban el despliegue logístico desde el interior de la universidad.

Además, el reportaje identificó el presunto uso de locales vinculados a la UCV como centros de almacenamiento de mobiliario para campañas, lo que refuerza las dudas sobre el uso de infraestructura educativa con fines políticos. 

Especialistas advierten que estas prácticas podrían vulnerar la normativa vigente, que prohíbe destinar recursos universitarios a actividades partidarias. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ya había sancionado a la institución en 2022 por hechos similares.

Consultado sobre el caso, César Acuña respondió que no se puede impedir el respaldo de sus simpatizantes. “Tengo miles de egresados y ciudadanos que me apoyan”, sostuvo, mientras evitó pronunciarse sobre el uso de recursos.
El caso se da en un contexto donde la ONPE y otras entidades deben garantizar la transparencia electoral, reavivando el debate sobre los límites entre educación privada y política en el Perú.