El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de habeas corpus presentada por los abogados de Pedro Castillo, con la que buscan declarar nulo el juicio oral que lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Durante la audiencia, el abogado Hugo Yataco Pérez alegó que el proceso sería inválido porque no participó un fiscal supremo titular, argumento que ya había sido rechazado tanto por el Juzgado Supremo como por la Sala Penal Permanente.
Yataco incluso solicitó una medida cautelar para suspender la audiencia del adelanto de fallo, pero esta fue denegada. Tras escuchar a la defensa y a la Procuraduría del Poder Judicial, la presidenta del TC, Luz Pacheco, anunció que el caso quedaba al voto, por lo que el fallo se conocerá en las próximas semanas. El abogado adelantó que esta semana se leerá la sentencia del proceso penal y que “lo más probable es que haya una sentencia condenatoria”.
La condena contra el exmandatario fue impuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que también sentenció a Betssy Chávez y Willy Huerta a la misma pena, mientras que Aníbal Torres recibió seis años y ocho meses debido a su edad. Además, todos deberán pagar solidariamente una reparación civil de 12 millones de soles y cumplir dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El tribunal determinó que Castillo actuó con plena convicción de quebrantar el orden constitucional, al ordenar el cierre del Congreso y coordinar medidas para intervenir el sistema de justicia. Según la sentencia, el exmandatario modificó la cúpula del Ministerio de Defensa, intentó cesar al comandante general del Ejército y buscó impedir el ingreso de congresistas, además de solicitar la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La Sala descartó el delito de rebelión al concluir que no hubo alzamiento armado, requisito legal para esa figura penal, por lo que calificó los hechos como conspiración. Sobre Chávez, el tribunal acreditó que conocía el mensaje golpista y evitó comunicarlo a la prensa estatal, mientras que Huerta facilitó el desarrollo del mensaje presidencial. Los policías implicados fueron absueltos por falta de pruebas, y Castillo también fue absuelto de otros delitos menores incluidos inicialmente en la acusación fiscal.
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