El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente José Jerí por el presunto delito de abuso de autoridad, a raíz de las requisas realizadas en diversos centros penitenciarios del país. Así lo informó en entrevista con Exitosa el secretario general del gremio, Julio Burga, quien cuestionó la forma en que se ejecutaron estos operativos.

Según Burga, las intervenciones del actual Gobierno de transición se han caracterizado por la presencia directa del jefe de Estado en los penales, acompañado por el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, ministros de Estado y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. El dirigente sindical sostuvo que, durante estas acciones, se habrían ingresado armas y cámaras con fines mediáticos, lo que motivó la denuncia.

Uno de los operativos más cuestionados fue la visita inopinada al penal Ancón I, donde se evidenció un grave desorden administrativo, falta de control interno y serias deficiencias en la gestión penitenciaria. El hecho más llamativo, según se informó, fue que no se encontró en su celda a un recluso sindicado de dirigir actos de extorsión desde el interior del establecimiento, lo que dejó en evidencia fallas estructurales en el sistema.

Al respecto, Julio Burga confirmó que estas deficiencias son reales, pero precisó que no se trata de un problema reciente. Aclaró que la crisis del sistema penitenciario es de larga data y que no puede atribuirse únicamente a la actual administración, subrayando que las soluciones deben pasar por reformas de fondo y no por operativos que, a su juicio, priorizan la exposición pública sobre la gestión técnica.