Un reportaje del programa Beto a Saber, emitido por Willax Televisión, destapó serios cuestionamientos sobre la contratación de al menos 14 mujeres vinculadas al entorno cercano del presidente José Jerí en la Presidencia de la República. Las incorporaciones se realizaron bajo la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un régimen diseñado para captar profesionales altamente especializados para cargos de alta dirección, entre octubre de 2025 y enero de 2026.
Según la investigación, varias de las designaciones se habrían concretado mediante resoluciones administrativas del propio Despacho Presidencial, pese a que algunas de las contratadas no contarían con experiencia previa en el sector público ni cumplirían con el perfil técnico exigido. Uno de los casos expuestos es el de Sheyla Briones, incorporada como consultora FAG en la Secretaría General, quien reconoció conocer al mandatario desde hace más de ocho años. “Se trata de un cargo de confianza”, declaró al programa, mientras registros oficiales evidencian visitas nocturnas previas a Palacio de Gobierno y reuniones con Jerí cuando este aún era congresista.
El reportaje también menciona a Susana Gutiérrez Rivera y Rossmary Malpartida, esta última vinculada a círculos políticos e incluso vista en reuniones con personajes investigados por corrupción, como el exministro Juan Silva. Para la abogada Cecilia Ruiz, especialista en derecho administrativo, estas prácticas desnaturalizan el objetivo del FAG: “Son modalidades pensadas para profesionales con la mejor experiencia y los más altos estándares académicos, algo que ahora no se está viendo”. A ello se suman los casos de María del Rosario Pamela Espinoza Díaz y Rosa Gabriela Rueda Yaya, cuyas extensas visitas a la oficina presidencial precedieron a sus contrataciones, generando dudas sobre la transparencia del proceso.
Las alertas también alcanzan a los incrementos salariales y cargos estratégicos otorgados a personas cercanas al presidente, como Stephanie Vega y Alicia Camargo. El abogado penalista Luis Lamas advirtió que resulta “llamativo” que varias contrataciones hayan estado precedidas por entrevistas personales con el mandatario, y cuestionó si se evaluaron otros perfiles. En la misma línea, el exministro Alejandro Salas sostuvo que podrían existir indicios de presuntos delitos como tráfico de influencias o cohecho. Especialistas coinciden en que el uso reiterado del FAG sin sustento técnico sólido debilita la meritocracia y abre un serio debate sobre la transparencia en el Despacho Presidencial.
