Dirigentes de gremios y organizaciones del altiplano afirmaron que las movilizaciones contra el gobierno de José Jerí no cesarán, pese a la baja convocatoria registrada en las marchas de los días 14 y 15 de octubre. Señalan que el rechazo al mandatario se debe a que fue él quien sustentó el informe que archivó la denuncia constitucional por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, un hecho que mantiene viva la indignación social.
Las protestas recientes no tuvieron la acogida esperada debido a que las comunidades quechuas y aymaras se encuentran en plena época de siembra. No obstante, los dirigentes se declararon en reunión permanente ante la posible llegada de políticos de derecha o del propio Jerí al altiplano puneño. Desde Lima, miembros de la generación Z aseguraron que acudirán a respaldar toda manifestación en demanda de justicia por las víctimas.
Ana María Coaquira, dirigente quechua de Azángaro, afirmó que la resistencia continúa más allá de la presencia en las calles. Explicó que el trabajo agrícola impide movilizaciones masivas, pero insistió en que la posición de Puno no ha cambiado. “No queremos a nadie de Lima. Nos rechazamos. No olvidamos todo lo que nos maltrataron”, sostuvo, reiterando que la protesta se mantiene desde las comunidades.
Aunque la movilización programada para este sábado en Juliaca tampoco tuvo convocatoria, se aprobaron nuevas acciones en coordinación con los deudos de las 18 víctimas del 9 de enero de 2021. Raúl Samillán, presidente de la asociación, aseguró que acompañarán toda iniciativa que contribuya a hallar justicia por sus familiares, reafirmando que la lucha en Puno continuará activa.
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