Lima. De los 130 congresistas, 83 tienen carpetas fiscales abiertas, denuncias e investigaciones. Sin embargo, los cuestionados o quienes fueron sancionados por la Comisión de Ética fueron premiados en el reparto de las comisiones ordinarias para esta legislatura.Ante esto, el congresista Roberto Chiabra presentó un proyecto de ley para prohibir que los mencionados sean parte de la mesa directiva o lideren un grupo de trabajo.
El parlamentario Chiabra explica que la iniciativa contempla a los procesados en segunda instancia y a los que recibieron una sanción por Ética.
“Hemos visto cómo intentaron poner a una ‘mochasueldo’ en la Comisión de Ética, eso no puede pasar”, enfatizó Chiabra.
En esa línea, recordemos que el sancionado Pasión Dávila por golpear a su colega preside la comisión de Trabajo. Así como él, la legisladora Heidy Juárez iba a estar en el grupo de Ética, cuando ella fue castigada con una amonestación tras ser acusada de recortar sueldos.
En caso se apruebe la iniciativa de Chiabra, ellos no podrían ocupar cargos tan importantes. Además, justifica que por el derecho de presunción en su proyecto no entrarían los que tienen carpetas fiscales abiertas o los que Ética está investigando, como el caso del presidente Alejandro Soto.
Los legisladores que estén comprendidos en procesos penales y/o sancionados por el Congreso, no solo no podrán presidir importantes curules, sino también no viajarán al exterior. Su trabajo será participar en las votaciones.
Un ejemplo evidente es la conformación de la comisión especial que investiga a siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Tres de ellos fueron sancionados por Ética por recortar sueldo y otros es sindicado como ‘Niño’.
“Esas elecciones de las bancadas de colocar a gente cuestionada solo generan una peor imagen al Congreso”, manifestó Chiabra.
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