El Congreso dio un primer paso para ampliar por dos años el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una medida que beneficiaría a mineros informales e ilegales y que quedó lista para ser votada en el Pleno. La decisión, aprobada en la Comisión de Energía y Minas, fue duramente cuestionada por la vicepresidenta del grupo, Diana Gonzales, quien rechazó la prórroga y denunció responsabilidades políticas.
Gonzales acusó directamente a Somos Perú y al presidente José Jerí de impulsar la iniciativa, pese a que la extensión supera el periodo de gobierno. Señaló que existe un “silencio cómplice” dentro del Ejecutivo, ya que —sostiene— la medida podría llegar al Pleno en un tiempo inusualmente breve. La comisión aprobó la prórroga con 17 votos a favor y el respaldo completo de la bancada presidencial.
La congresista también criticó la falta de pronunciamiento del premier Ernesto Álvarez y del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, sobre la ampliación del Reinfo. Denunció un floreciente mercado ilegal donde se alquilan registros suspendidos a través de redes sociales, señalando que el 90 % de los 50 000 Reinfo excluidos llevaba más de cuatro años sin actividad.
Gonzales aseguró que mantener el Reinfo prolonga un sistema ineficaz. Citó cifras de la SUNAT para destacar que, tras la exclusión de 50 000 registros, la recaudación tributaria aumentó en 55 %, demostrando —según afirma— que la formalización avanza cuando se eliminan registros improductivos. Subrayó que la discusión debería centrarse en los 30 000 operadores activos y no en reactivar padrones suspendidos.
Finalmente, advirtió que sectores políticos buscan presentar la prórroga como una salida necesaria tras el archivo de la ley MAPE, pese a que la minería ilegal está asociada a delitos como trata de personas, lavado de activos y daño ambiental. Para Gonzales, la insistencia en ampliar el Reinfo responde más a intereses económicos y electorales que a una verdadera política de formalización.
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