El Poder Judicial asestó un nuevo golpe al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al declarar que el caso La Oroya no ha prescrito y que deberá enfrentar un nuevo juicio oral por presunta negociación incompatible. Además, confirmó que no corresponde devolverle los 850 mil soles que pagó como reparación civil. La decisión revoca el fallo que había declarado extinguida la acción penal y reabre un proceso clave en el historial judicial del exgobernador regional de Junín.
Como antecedente, el Tribunal Constitucional anuló en 2025 la condena de cuatro años de prisión suspendida contra Cerrón y ordenó un nuevo pronunciamiento judicial. La defensa alegó prescripción, argumento que fue acogido en primera instancia por un juzgado de Huancayo. Sin embargo, la Fiscalía apeló y la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró fundado su recurso, señalando que en delitos que afectan el patrimonio del Estado “es imperativo aplicar el plazo de duplicidad”.
La resolución precisa que el juez de primera instancia “incurrió en error de derecho al aplicar el plazo de prescripción” y que, si bien la negociación incompatible es un delito de peligro abstracto, en este caso existe un perjuicio concreto de 850 mil soles al Estado. Por ello, la excepción de prescripción no puede prosperar y el nuevo cálculo fija que el caso La Oroya prescribirá recién en 2029, manteniendo vigente la acción penal contra el prófugo candidato presidencial.
Respecto a la reparación civil, la Sala fue enfática al señalar que “la reparación civil y la responsabilidad penal poseen una autonomía sustancial”, por lo que el pago de S/850 000.00 se mantiene firme y de ejecución obligatoria. La Fiscalía acusa a Cerrón de haber favorecido al Consorcio Altiplano durante la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya, generando un perjuicio económico al Estado. Con esta decisión, el caso vuelve al centro del debate político y judicial en plena antesala electoral.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
