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Poder Judicial archiva investigación contra José Domingo Pérez y descarta enriquecimiento ilícito

Un juzgado superior concluyó que no existió incremento patrimonial injustificado y ordenó levantar todas las medidas coercitivas impuestas al fiscal tras casi dos años de indagaciones

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DIARIO VIRAL

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El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo de la investigación preparatoria seguida contra el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al determinar que no se acreditó un aumento patrimonial injustificado vinculado al ejercicio de su cargo. La decisión marca el cierre judicial de un proceso iniciado a fines de 2023 y que incluyó amplias diligencias patrimoniales.

La resolución fue emitida por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima, que declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento presentado por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El fallo también ordenó el levantamiento de todas las medidas coercitivas dictadas durante la investigación y la devolución del expediente al Ministerio Público.

El caso se originó a partir de una denuncia que cuestionaba la evolución económica de Pérez, principalmente por la compra de un vehículo en 2021 y el cumplimiento de obligaciones financieras relacionadas con inmuebles ubicados en Miraflores. A raíz de ello, se dispuso una revisión integral de su patrimonio, incluyendo el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil.

Durante el proceso se realizaron tres peritajes contables financieros. Aunque el primero advirtió un presunto desbalance patrimonial, los informes posteriores —tras observaciones técnicas y una ampliación ordenada por la Corte Suprema— concluyeron que no existió incremento ilícito y que, por el contrario, se registró un saldo económico favorable para el investigado.

El juzgado sostuvo que el delito de enriquecimiento ilícito exige probar un aumento patrimonial injustificado directamente relacionado con la función pública, elemento que no fue acreditado en este caso. Además, valoró que la Fiscalía y la Procuraduría Pública coincidieran en que no existía posibilidad razonable de incorporar nuevas pruebas, por lo que el proceso quedó archivado de manera definitiva.

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Redacción

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