Impedir que personas condenadas por delitos dolosos postulen en las elecciones generales, regionales y municipales, es el objetivo de un proyecto de ley presentado en el Congreso. Este alcanza también a quienes, habiendo sido funcionarios públicos, recibieron condena en primera instancia.
Para ello se plantea la modificación de diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones, de la Ley de Elecciones Regionales y de la Ley de Elecciones Municipales.
El proyecto que desde la bancada del Bloque Democrático promueve la congresista Susel Paredes, considera que estas restricciones deben de establecerse para que las autoridades electas por voto popular cuenten con la integridad y la ética que corresponde a los cargos que asumirán.
En ese sentido, se establece una modificación al artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) a fin de establecer que no podrán postular a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República quienes hayan sido condenados “por la comisión de delito doloso, en calidad de autores o cómplices, recaída mediante sentencia emitida en primera instancia”.
Se extiende este impedimento a quienes, habiendo sido funcionarios y servidores públicos, han sido condenados por delito doloso, como autores y cómplices, mediante sentencia de primera instancia.
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