La espera por el plan nacional de seguridad ciudadana estaría llegando a su fin. Luego de varios aplazamientos oficiales, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aseguró que el documento ya fue concluido y que su publicación se concretaría esta misma semana, una vez que reciba la aprobación formal del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). “Esta semana lo van a publicar”, afirmó la funcionaria, al descartar que el retraso responda a improvisaciones.

Miralles explicó que la demora se debió a la intención del Ejecutivo de elaborar una estrategia de largo plazo, y no solo medidas inmediatas frente al incremento de la criminalidad. En entrevista con RPP, detalló que el plan fue trabajado por un grupo multisectorial conformado en diciembre, integrado no solo por ministerios. “Sé que hay un grupo bastante grande de entidades, no solo ministerios, que están participando en este plan”, señaló al justificar las ampliaciones del plazo, inicialmente previsto para mediados de enero y luego postergado hasta inicios de febrero.

Ahora, la decisión final recae en el Conasec, instancia integrada por ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado. Según la ministra, la aprobación del plan figura en la agenda inmediata del consejo. “Entiendo que en la sesión uno de los puntos de agenda es la aprobación del plan. Si ya se aprueba, va a ser de público conocimiento y estará publicado”, remarcó, confirmando que el documento será de acceso abierto una vez validado.

El objetivo del plan fue adelantado durante la Apertura del Año Judicial 2026, cuando el presidente José Jerí señaló que se trata de una hoja de ruta que debe trascender al actual gobierno. “Esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones, porque este es un asunto de Estado”, sostuvo, al precisar que tendrá una vigencia de cinco años, hasta 2030, con evaluaciones periódicas. El retraso en su presentación coincidió, sin embargo, con la falta de un balance oficial del estado de emergencia, medida que ha sido ampliada varias veces sin un informe público sobre su real impacto, en un contexto de creciente percepción de inseguridad en el país.