El Poder Judicial dispuso comparecencia con restricciones contra los fiscales Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Doris Gloria Beltrán Espinoza y Álvaro Abilio Castañeda Rojas, investigados por su presunta vinculación con la red criminal atribuida a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides. 

La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal. “Se imponen reglas de conducta al no advertirse, por ahora, la necesidad de medidas más gravosas”, se desprende de la resolución judicial.

La solicitud fue planteada inicialmente por la fiscal Delia Espinoza, quien además pidió impedimento de salida del país y suspensión preventiva por 36 meses para los investigados. 

Sin embargo, durante la audiencia, el despacho actualmente a cargo del caso, liderado por Lourdes Bernardita Téllez Pérez, desistió del pedido de suspensión.

El juzgado, por su parte, rechazó tanto el impedimento de salida como la imposición de caución económica. “Las medidas deben ser proporcionales al nivel de riesgo procesal”, se argumentó en la audiencia.

Como parte de las restricciones, los fiscales deberán cumplir reglas estrictas: no podrán ausentarse de su localidad sin autorización judicial, deberán realizar control biométrico cada 30 días y presentarse ante las autoridades cuando sean citados. 

Además, el incumplimiento de estas condiciones podría derivar en una medida más severa. “De no acatar las reglas, la comparecencia será revocada y se podrá dictar prisión preventiva”, advierte la disposición.

Según la investigación fiscal, los implicados habrían coordinado la apertura de una carpeta contra jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima que favorecieron a la anterior Junta Nacional de Justicia.

 En ese contexto, a Castañeda Rojas se le atribuye la elaboración de denuncias con presuntos fines indebidos; a Vegas Vaccaro, la emisión acelerada de decisiones a cambio de beneficios en su cargo; y a Beltrán Espinoza, la gestión inmediata de acciones fiscales bajo compromisos irregulares. 

Este caso se remonta a la gestión de Benavides, cuando los tres fueron promovidos a cargos provisionales dentro del Ministerio Público.