A pocos días de realizarse el primer paro de transportistas del 2026, y en medio de conversaciones entre el Ejecutivo y los gremios de Lima y Callao para abordar la inseguridad, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aseguró que existen trabajadores del transporte urbano que colaboran con las bandas criminales que los extorsionan. Sus declaraciones se dieron en un contexto de alta tensión por la ola de violencia que afecta al sector.
“Así como hay malos policías y malos fiscales, también hay malos transportistas”, afirmó Álvarez, al señalar que algunos brindarían información o incluso integrarían organizaciones criminales. Sin embargo, el titular de la PCM no presentó pruebas ni casos concretos que respalden sus acusaciones, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.
Pese a ello, Álvarez indicó que mantendrá reuniones con representantes del gremio, entre ellos Martín Ojeda, vocero de Transporte Unido, a quien describió como cercano al ministro de Transportes. No obstante, sostuvo que el paro no será suspendido. “Una vez que lo anuncian, no lo suspenden”, señaló el premier, dando por hecho que la medida de fuerza seguirá adelante.
En paralelo, los gremios de transportistas continúan ajustando la fecha de la protesta debido a discrepancias internas. Inicialmente se barajaron los días 13 y 15 de enero, pero luego se propuso trasladar el paro al miércoles 14 o viernes 16, con el objetivo de unificar la medida y reducir el impacto económico. Según Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, la decisión final se definirá tras acordar una plataforma única.
El conflicto se desarrolla en un escenario marcado por el agravamiento de la inseguridad ciudadana. De acuerdo con datos del Sinadef, en los primeros 10 días del 2026 se registraron 55 homicidios, lo que convierte a este inicio de año en el más violento desde 2017. Lima lidera las cifras con 25 víctimas, reforzando el clima de preocupación que impulsa la protesta del sector transporte y eleva la presión sobre el Gobierno.
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