La ONPE demostró la fiscalización de las mesas 9000 ante las denuncias de Renovación Popular. La entidad detalló el proceso de instalación de mesas de sufragio en zonas rurales que abarcan cerca de 9000 localidades alejadas.
Según explicó la especialista en la Subgerencia de Modernización de la ONPE, Gloria Periche, “son mesas inclusivas, abiertas a todos, pero priorizan a personas vulnerables que no tienen una mesa cercana”, garantizando el derecho al voto en territorios de difícil acceso.
Precisó que la implementación de estas mesas no es automática, sino que inicia con una solicitud formal dirigida a la ONPE, acompañada por una carta de respaldo de la municipalidad distrital o de organizaciones como comunidades campesinas, anexos o pueblos originarios, lo que evidencia un procedimiento participativo y descentralizado.
Periche detalló que la autoridad distrital debe avalar el pedido mediante una carta de acuerdo y la presentación de un croquis del local propuesto —que puede ser incluso “a mano alzada” debido a las condiciones geográficas—, además de fotos del lugar y una lista de electores. La información es remitida a través de la mesa de partes virtual para su evaluación.
Luego, la ONPE realiza una verificación técnica de los documentos y dispone que un especialista analice la información, incluyendo una entrevista para confirmar la necesidad real de la mesa.
Estas mesas, identificadas como serie 900001, se ubican en regiones como Puno, Sandia y zonas cercanas a la frontera con Ecuador, bajo un enfoque de análisis territorial.
Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos. Renovación Popular advierte cambios en la distribución de estas mesas —de 23 % en Lima en 2011 a 5 % en 2026— y cuestiona su legalidad.
Ante ello, Rafael López Aliaga solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspender la proclamación de resultados hasta una auditoría informática, alegando un presunto direccionamiento de la ONPE que afectaría la legitimidad electoral.
