De los 38 partidos inscritos oficialmente, solo 29 suscribieron el pacto ético électoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un documento que fija reglas mínimas de respeto, transparencia y responsabilidad de cara a las Elecciones Generales de 2026. La firma se realizó el jueves 18 de diciembre en una ceremonia protocolar que reunió a candidatos presidenciales y dirigentes partidarios, aunque no todos los asistentes optaron por adherirse al acuerdo.
El pacto, firmado por 27 partidos y dos alianzas, contiene diez compromisos orientados a reducir la confrontación política y priorizar el voto informado. Entre sus ejes centrales figuran el rechazo a los ataques personales, la promoción de debates propositivos y la lucha contra la desinformación, especialmente en redes sociales. Además, incorpora lineamientos sobre el uso responsable de la inteligencia artificial durante la campaña.
Sin embargo, varias agrupaciones decidieron no firmar el documento. Entre ellas figuran Renovación Popular, Perú Libre y la Alianza Fuerza y Libertad, así como Partido Demócrata Unido Perú, Frente de la Esperanza, Partido Patriótico del Perú, Ciudadanos por el Perú, Un Cambio Diferente y Fe en el Perú. Uno de los momentos más comentados fue el retiro de Rosario Fernández, candidata de Un Cambio Diferente, quien cuestionó la legitimidad ética del proceso y abandonó el evento tras un breve discurso.
En contraste, sí rubricaron el pacto partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, APRA, Partido Morado, Frepap y Libertad Popular, además de la Alianza Unidad Nacional. Estas organizaciones asumieron públicamente el compromiso de mantener una conducta ética durante la campaña, bajo la observación del Tribunal de Honor del pacto.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, sostuvo que el acuerdo no es un gesto simbólico, sino una señal clara al electorado. “La ética no limita la política; una democracia sólida se construye con argumentos y no con insultos”, afirmó. Aunque el Tribunal de Honor no tiene facultades sancionadoras, podrá recibir denuncias ciudadanas y emitir pronunciamientos públicos, funcionando como un mecanismo de presión moral en una contienda que ya muestra tensiones antes de su inicio formal.
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