El Congreso aprobó la Ley N.º 32507, que eleva los requisitos para acceder a cargos como viceministros, secretarios generales y gerentes públicos, pero al mismo tiempo flexibiliza qué puede considerarse experiencia específica.
La norma permite que asesorías de alta dirección, cargos políticos y funciones de elección popular se computen como experiencia equivalente, ampliando el abanico de perfiles habilitados para puestos de confianza.
El nuevo artículo 4-A introduce equivalencias directas: un año en funciones políticas o de asesoría equivale a un año de experiencia específica. Además, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), queda facultada para flexibilizar perfiles en regiones con limitaciones socioeconómicas, siempre bajo sustento institucional, abriendo la puerta a requisitos diferenciados según el territorio.
La reforma también incrementa los años mínimos de experiencia para la alta dirección pública: los viceministros deberán acreditar 10 años de experiencia general y 4 específica; los secretarios generales y directivos colegiados deberán cumplir 8 y 4 años, respectivamente.
En gobernadores reionales, gerentes regionales y municipales deberán contar con entre 4 y 5 años de experiencia general y 3 específica.
En materia de control, la Ley N.º 32507 incorpora prohibiciones para evitar la reducción arbitraria de requisitos y exige que los informes de responsabilidad identifiquen claramente a sus responsables. Aunque la reforma busca fortalecer la meritocracia y la transparencia en el servicio público, el debate continúa abierto: el Estado endurece la exigencia para sus cuadros técnicos, mientras el Congreso mantiene sin cambios sus propias reglas de acceso.
