Las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo presentadas por la Fiscalía de la Nación continuarán, después que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declarara ayer improcedente la tutela de derechos presentada por el jefe de Estado.
El objetivo de la tutela era anular la denuncia constitucional por los presuntos delitos de colusión y crimen organizado.
El juez Juan Carlos Checkley sostuvo en su resolución que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, cuya calificación y evaluación corresponde a los órganos competentes del Congreso.
El magistrado también refiere que la Resolución n.° 4, expedida por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a que la Fiscalía de la Nación se abstenga de formular denuncia constitucional ante el Congreso.
La defensa legal de Pedro Castillo, representada por el abogado Benji Espinoza, insistió durante la audiencia realizado el pasado 27 de octubre que el artículo 117 de la Constitución peruana, solo permite que el presidente en funciones sea acusado por cuatro delitos concretos, que no contemplan las causales de corrupción.
TRAICIÓN A LA PATRIA. Por otro lado, la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se evaluaba la aprobación del informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, fue suspendida temporalmente debido al ingreso de cuatro nuevos miembros titulares a dicho grupo de trabajo.
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