El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que su despacho inició acciones disciplinarias contra el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, tras su implicación en presuntos actos de soborno y falta de cumplimiento de funciones. Desde Huánuco, donde participó en el IX Consejo de Estado Regional, Martínez aseguró que el Gobierno actuará “dentro del marco legal correspondiente”.
“Lo que hemos hecho es iniciar las acciones disciplinarias que corresponden. Y nosotros nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones y los procedimientos disciplinarios que correspondan. Hay que respetar el debido proceso y en eso estamos”, declaró el ministro sin dar más detalles sobre los plazos de resolución del caso.
Martínez señaló que el Ministerio de Justicia mantiene una política de control permanente sobre los penales del país, destacando los operativos de requisa realizados desde el inicio del actual gobierno. “Hemos hecho requisas desde que asumió el presidente. No solo en Lima Metropolitana, sino también en provincia. Hemos tenido resultados contundentes que ya en su momento serán anunciados”, afirmó, en referencia a las comparaciones con la política carcelaria de Nayib Bukele.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, también se pronunció sobre el tema, señalando que el caso está en evaluación. “Cuando un jefe ajusta y exige a sus subordinados conducta o actitudes correctas, normalmente es saboteado por mandos intermedios”, dijo, aludiendo a posibles intentos de desestabilizar la gestión penitenciaria. Añadió que la decisión sobre la continuidad de Paredes será tomada “no ajustada a la emoción, la emotividad o la necesidad coyuntural”, sino “de acuerdo con las evidencias”.
Las acusaciones contra Iván Paredes surgieron tras un reportaje de Cuarto Poder, que lo vinculó con la devolución de un pago de S/80 000 presuntamente solicitado para liberar irregularmente a un expolicía. El dominical también reveló que Paredes fue sancionado por Indecopi con una multa de más de S/16 000 por incumplimientos como abogado, entre ellos la falta de entrega de recibos y la no devolución de 3500 dólares a un cliente. Sergio Castro, denunciante del caso, afirmó temer represalias y presentó mensajes que —según dijo— evidencian evasivas e intimidaciones del actual jefe del INPE.
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