El Ministerio Público atraviesa, según sus propias autoridades, la peor crisis presupuestal de su historia. En entrevista con RPP Noticias, el fiscal Jorge Chávez Cotrina advirtió que, si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no autoriza un crédito adicional solicitado por la institución, la Fiscalía podría quedar inoperativa en abril.
“Estamos pasando por una crisis tan grave que se podría decir que la Fiscalía queda inoperativa, y esto es lamentable frente a una ola de criminalidad que estamos pasando”, sostuvo.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada detalló que el primer impacto sería inmediato.
“Se nos ha comunicado (…) que si no nos dan el crédito adicional, 4 mil 700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo, lamentablemente, van a tener que ser despedidos en el mes de marzo”, expresó. Además de los despidos, en abril no habría recursos suficientes para pagar los sueldos de los fiscales, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y la violencia.
Chávez Cotrina hizo un llamado directo al gobierno de José María Balcázar y al MEF para que atiendan el pedido formulado por el actual fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez. “No es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la nación (…) Eso es sumamente importante que la población lo sepa”, afirmó, al cuestionar la falta de respuesta del Ejecutivo en medio de atentados y casos complejos que deben ser investigados a diario.
La crisis no es reciente. En septiembre de 2025, la entonces fiscal de la nación, Delia Espinoza, advirtió que el presupuesto solicitado no fue atendido pese a compromisos públicos. “Para el año 2025, se nos recortó poco más de 123 millones de soles y para el 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones”, señaló en ese momento.
Aunque el Ministerio Público contó con 2921 millones de soles en 2025, el proyecto para 2026 contemplaba una reducción a 2870 millones de soles. Hoy, con un nuevo titular en la institución, la advertencia vuelve a encender las alarmas sobre el impacto que tendría un recorte en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Perú.
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