Una nueva polémica golpea al Congreso. La congresista Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, fue captada mientras uno de sus trabajadores, Edwar Rengifo —también su familiar—, le realizaba una pedicura en horario laboral dentro de su despacho parlamentario. Las imágenes fueron difundidas por el programa Cuarto Poder.
En la fotografía se observa a Rengifo atendiendo a la parlamentaria mientras ella usa su celular en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa. El dominical también reveló que otro empleado suyo, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para realizar labores domésticas, como preparar su desayuno, durante horas de trabajo.
Consultada sobre el caso, la parlamentaria reaccionó con visible molestia. “Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”, respondió entre evasivas. El asesor involucrado, pese a los intentos del reportero, evitó dar declaraciones. Para José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, la conducta de Vásquez “constituye un uso abusivo de autoridad y podría configurar peculado”, al disponer de personal público para fines personales.
El escándalo se suma a los ya conocidos por corrupción y falta de ética dentro del Legislativo. En mayo, el mismo programa reveló que tres sobrinos de Vásquez trabajaban en su despacho con sueldos de hasta S/7200, sin título universitario, y que su hijo figuraba como empleado del Congreso sin vínculo formal. A esto se agregan denuncias de recorte de sueldos y presuntas interferencias en nombramientos docentes. En junio, la Comisión de Ética aprobó iniciar una investigación formal en su contra.
El caso de Vásquez se suma a una larga lista de parlamentarios investigados por diversos delitos, desde el escándalo de los “mochasueldos” hasta los nexos con organizaciones criminales. Entre 2024 y 2025, la Fiscalía ha presentado 29 denuncias constitucionales contra 39 congresistas, mientras más de la mitad del hemiciclo permanece bajo investigación activa. Sin sanciones firmes a la vista, la crisis de credibilidad del Congreso se profundiza.
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