A menos de dos semanas de las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial Keiko Fujimori marcó distancia de la sanción impuesta a su partido, Fuerza Popular, por el uso indebido del financiamiento público. Durante una actividad en Caquetá, evitó pronunciarse sobre el caso y señaló: “Todo eso será evaluado por el personero legal de nuestro partido y me imagino que habrá un proceso de apelación”.

La decisión se da luego de que el Jurado Nacional de Elecciones ratificara la multa de 33 UIT —equivalente a S/163 350— y la reducción del 10 % del financiamiento público directo. El fallo respalda una resolución previa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que calificó como “muy grave” el uso de recursos estatales en gastos no permitidos por la ley.

Según las autoridades electorales, Fuerza Popular destinó fondos a la compra de vales de pavo, canastas navideñas y artículos promocionales como polos y tomatodos. “La norma es clara en establecer los límites del uso del financiamiento público”, señala la resolución, al precisar que estos gastos no corresponden a actividades de formación ni funcionamiento ordinario del partido.

En paralelo, Fujimori busca centrar su estrategia en el debate presidencial y en la presentación de propuestas, evitando confrontaciones directas. Además, hizo un llamado a reforzar la presencia de personeros en los centros de votación, al considerar que “una mayor fiscalización ayudará a garantizar la transparencia”. Este escenario reaviva el debate sobre el control del financiamiento político en Perú, en un contexto clave para la confianza ciudadana.