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El congresista y aspirante presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, presentó una acción de amparo con la que busca declarar nulas cinco declaraciones del colaborador eficaz 1010-2020, cuyo testimonio lo vincula con reuniones clandestinas, coordinaciones políticas no autorizadas y presuntos intentos de manipular el proceso de designación del entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza. El recurso también solicita que se dejen sin efecto las audiencias dirigidas en marzo de este año por el juez Jorge Chávez Tamariz, argumentando que los hechos expuestos carecen de sustento legal y no deberían integrar el expediente principal del caso.
De acuerdo con el escrito difundido por Cuarto Poder, los testimonios cuestionados describen encuentros entre Luna Gálvez, Castillo Meza y miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo que —según la Fiscalía— habría sido parte de una operación para influir en la selección del titular de la ONPE. Estas revelaciones han sido pieza fundamental en la narrativa fiscal que sostiene que operadores de Podemos Perú realizaron pagos a exconsejeros, alteraron requisitos y obtuvieron anticipadamente las preguntas del examen para asegurar la designación de Castillo Meza.
A la acción de amparo se suma un habeas corpus presentado en junio de 2025. Este recurso busca suspender las restricciones judiciales que pesan sobre el legislador: la obligación de presentación mensual, la caución de medio millón de soles, la prohibición de comunicarse con testigos y peritos, las limitaciones para pronunciarse públicamente sobre el caso y la prohibición de salida del país. Según el abogado José Tello, esta estrategia apunta a permitir que Luna Gálvez continúe su campaña presidencial sin impedimentos operativos ni riesgos procesales. La defensa insiste en que las medidas restrictivas ya habrían caducado.
El Ministerio Público formalizó en agosto de 2025 una acusación que solicita 22 años de prisión para el líder de Podemos Perú y también señala la participación de su hijo, José Luna Morales. El caso —que llegó a ser archivado y luego reabierto en segunda instancia— se encuentra actualmente en evaluación. La ofensiva legal de Luna Gálvez se desarrolla en paralelo a su campaña, en un contexto donde las decisiones judiciales podrían redefinir tanto su futuro político como el desenlace de uno de los procesos más sensibles sobre interferencias en el sistema electoral peruano.
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