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La tensión internacional escaló rápidamente luego de que el presidente José Jerí insinuara que su gobierno podría intervenir la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, excongresista asilada en la sede diplomática. En una entrevista con El Comercio, Jerí afirmó: “si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, frase que desató un inmediato rechazo en círculos diplomáticos y generó preocupación por un posible quiebre del derecho internacional.
Horas después, el mandatario salió a moderar su postura mediante un mensaje en X (antes Twitter), en el que aseguró que su equipo ministerial —y en especial el canciller Hugo de Zela— guía sus decisiones en política exterior. “Siempre consulto y escucho mucho antes de cualquier acción concreta”, escribió, en un intento por corregir el impacto de sus propias declaraciones y alinearse con la posición institucional de la Cancillería.
El retroceso del presidente coincidió con las declaraciones del propio canciller, quien previamente había descartado por completo la posibilidad de un ingreso forzado a la misión diplomática mexicana. Consultado por CNN, De Zela afirmó que una irrupción “ni siquiera está siendo considerada” y que “no va a ocurrir”, marcando distancia de cualquier acción que violente la inmunidad diplomática, como la registrada meses atrás en Ecuador.
A esta postura se sumó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien ratificó que el Perú no ejecutará ninguna intervención contra la sede mexicana. En entrevista con Canal N, señaló que el país “es respetuoso del derecho internacional” y no quebrará normas fundamentales de protección diplomática. Álvarez añadió que, aun cuando la situación legal de Chávez cambie, cualquier decisión respecto a su salida del país dependerá de un mandato explícito de la Cancillería, cerrando así la puerta a una acción unilateral o de fuerza.
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