La tensión entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público llegó a su punto más crítico el viernes 19 de septiembre. En una audiencia pública, la JNJ resolvió suspender por seis meses a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, bajo acusaciones de desacato a la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides. La decisión fue calificada como un “golpe” a la institucionalidad democrática.
Espinoza decidió no asistir a la audiencia convocada por la JNJ y, en paralelo, ofreció una conferencia de prensa desde la sede del Ministerio Público. Allí denunció que el proceso que enfrenta es “ilegal” y un acto de “amedrentamiento” contra su gestión. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de imparcialidad de los consejeros que deliberaron su caso.
La sesión inició con irregularidades. Minutos antes de la votación, el magistrado Francisco Távara fue separado del proceso tras un pedido de abstención de la consejera instructora, María Teresa Cabrera. Para la defensa de Espinoza, la exclusión de Távara vulneró el derecho de defensa y garantizó un escenario inclinado en favor de la suspensión.
En el documento emitido, la JNJ argumentó que “permitir que la investigada continúe en el ejercicio de su cargo facilitaría que mantenga o renueve las mismas conductas de desobediencia, generando un estado de ilicitud”. Para el organismo, la suspensión era idónea, necesaria y proporcional.
Por su parte, la defensa legal de Espinoza, encabezada por el abogado Luciano López Flores, rechazó la decisión señalando que “es una decisión totalmente previsible y que consolida la irregularidad”. Además, advirtió que avanzarán “por vías nacionales e internacionales en defensa de los derechos de la fiscal” al considerar que no se respetaron las garantías mínimas de un debido proceso.
El futuro inmediato del Ministerio Público quedará en manos del fiscal supremo Pablo Sánchez, como encargado interino. En tanto, Espinoza anunció que continuará su defensa mediante una acción de amparo y no descartó acudir a instancias internacionales. Su caso se ha convertido en un símbolo del choque entre poderes y en un cuestionamiento profundo a la legalidad de las decisiones de la JNJ.
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