La Junta Nacional de Justicia, encabezada en este caso por el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial para no cumplir la medida cautelar que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la nación. La entidad sostiene que el Poder Judicial está afectando sus atribuciones al admitir acciones de amparo que cuestionan tanto la elección de consejeros como el proceso disciplinario contra Espinoza.
En el recurso de 33 páginas, la JNJ afirma que la resolución del juez Juan Torres Tasso —que otorga dos días para reponer a la fiscal— no fue notificada formalmente y que se enteraron por los medios. Además, califican la decisión como “imprudente” e incongruente al suspender los cuatro cargos disciplinarios imputados a Espinoza, cuando consideran que solo dos debían ser detenidos.
Para la JNJ, esta medida representa una extralimitación del Poder Judicial y un menoscabo a sus competencias. Alertan que la decisión podría dejar sin efecto la suspensión de seis meses impuesta a Espinoza y sentar un precedente que permitiría desconocer decisiones administrativas clave, afectando la estabilidad institucional del órgano.
La demanda también busca frenar el amparo presentado por el Instituto de Defensa Legal, que pretende anular la elección de los siete consejeros de la JNJ. El organismo teme que una medida cautelar paralice sus procesos de selección, ratificación y expedientes disciplinarios, lo que llevaría a una “situación de parálisis grave” del sistema de justicia.
Finalmente, la JNJ solicita al Tribunal Constitucional que declare nula la cautelar a favor de Espinoza y precise que el Poder Judicial no puede destituir indirectamente a sus miembros mediante medidas jurisdiccionales. Sostienen que la única forma de cesar consejeros es por vacancia declarada por la propia JNJ o remoción por causa grave desde el Congreso.
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