El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Estado un presupuesto adicional de S/1736 millones para garantizar la organización de las elecciones generales de abril de 2026, consideradas las más complejas en la historia reciente del Perú. La gerente general del organismo, Gina Salazar, explicó que el monto será distribuido entre las tres instituciones del sistema electoral: ONPE, JNE y el Reniec, debido al alto número de candidaturas y nuevas exigencias de fiscalización.
“Estas elecciones son realmente complejas, porque vamos a elegir a 36 planchas presidenciales, 38 partidos, senadores... Esa cantidad de personas demanda una mayor fiscalización”, señaló Salazar en entrevista con Exitosa. Del total solicitado, la ONPE requiere alrededor de S/1200 millones, el JNE S/403 millones y el Reniec cerca de S/50 millones. El objetivo principal es fortalecer la supervisión en los locales de votación y garantizar transparencia ante el creciente escrutinio ciudadano.
Uno de los cambios más significativos será la contratación de más de 45 mil fiscalizadores a nivel nacional, más del doble de los 20 mil utilizados en procesos anteriores. “Ahora vamos a contratar un poco más de 45 mil fiscalizadores”, enfatizó la funcionaria, detallando que se pasará de un fiscalizador por cada seis mesas a uno por cada dos mesas de sufragio. Además, por primera vez se implementará el recuento de votos con custodia de cédulas —que antes se destruían— para permitir revisiones públicas en caso de impugnaciones, lo que implica mayores costos en transporte, seguridad y almacenamiento.
El panorama se complica aún más con la instalación obligatoria de 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) para las elecciones regionales del 4 de octubre; sin embargo, solo 28 han sido juramentados por falta de recursos. El pedido del JNE refleja la magnitud de los comicios 2026, pero también abre debate sobre sostenibilidad fiscal en medio de una crisis política y económica. La discusión sobre el presupuesto electoral se perfila como uno de los temas centrales en la agenda pública, en un proceso donde la transparencia y la confianza ciudadana estarán bajo la lupa.
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