La extrabajadora parlamentaria Isabel Cajo, implicada en una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso, se reunió con el expresidente del Parlamento, Alejandro Soto, solo tres días antes de su contratación, según un informe difundido este viernes en Hildebrandt en sus trece.
La revista de investigación obtuvo chats que prueban que el encuentro ocurrió el 2 de abril de 2024, cuando Cajo ingresó al Palacio Legislativo con una identidad falsa. De acuerdo con el reportaje, la abogada empleó el carné de una trabajadora de confianza de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso y principal involucrado en el escándalo.
La exfuncionaria se infiltró por una entrada menos vigilada en el jirón Simón Rodríguez, que conecta directamente con el denominado ‘búnker presidencial’, un acceso exclusivo vigilado por cámaras de seguridad. A las 4:26 p.m. de ese día, según un mensaje de WhatsApp obtenido por la revista, todavía se encontraba en el despacho de Soto.
“Hermano, ella está con el presidente, pero mira, ya pasó 50 minutos y no me manda (...)“, escribió Torres a una tercera persona. Aparentaba sentirse incómodo porque el documento que se requería para la contratación de Cajo aún no llegaba al despacho presidencial. “Te cuento que lo van a llamar de presidencia, ahorita que contestes el celular. Le van a pedir (...) a ella directamente”, añadió.
De acuerdo con registros oficiales, el 2 de abril, a las 12:00 horas, Soto presidió una Junta de Portavoces y a las 14:00 horas publicó una foto en sus redes sociales. A partir de entonces se le perdió el rastro y no se volvió a saber de él hasta el día siguiente, siempre según la revista.
Cajo recibió su contrato tres días después, el 5 de abril de 2024. El documento indicaba que sería trasladada de la Oficina de Administración de Bienes a la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional, área que en ese momento también estaba bajo la supervisión de Jorge Torres. La “disposición” fue “autorizada por la Presidencia del Congreso”, señala una adenda.
Soto, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), no ha hecho comentarios sobre el encuentro atribuido. Sin embargo, ha negado tener injerencia en la contratación. “Rechazo la imputación (...) sobre una adenda de Isabel Cajo qué no tiene mi firma ni rubrica, exijo transparencia y seriedad en las investigaciones”, señaló en X, antes Twitter.
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