Una profunda indignación social se desató tras la difusión de imágenes de niñas víctimas de violación, vestidas de forma uniforme y expuestas públicamente con sus hijos, en un refugio administrado por la congresista y pastora Milagros Jáuregui (Renovación Popular). Las fotografías —publicadas en 2025 en la página del albergue La Casa del Padre— muestran a las menores en fila junto a la parlamentaria. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que negar el aborto terapéutico a víctimas de violación equivale a tortura, antecedente que intensificó el rechazo ciudadano.

Los registros también evidencian visitas oficiales al Centro de Acogida Residencial (CAR), entre ellas la de la entonces ministra de la Mujer Ana Peña Cardoza en agosto de 2025. En videos difundidos, Jáuregui sostiene que las sobrevivientes atraviesan su proceso “con un grupo de personas que ama, aconseja y consuela” para “volver a cantar, reír, jugar y soñar”, y añade: “Ellas tienen que ser agradecidas por ese niño que va a nacer… va a ser un sello de esperanza”. Estas declaraciones provocaron repudio generalizado por admitir que menores violadas fueron obligadas a convertirse en madres con respaldo estatal.

La congresista reiteró su postura en el pódcast Za Gente (ILAD Media), donde afirmó que el refugio —fundado hace una década— recibe niñas de 10 a 13 años derivadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y juzgados de familia. “Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepienten… porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”, dijo. Tras la avalancha de críticas, publicó un comunicado reafirmando su posición y señalando que “varias ministras” constataron la “excelencia” del servicio. Según La República, el albergue es dirigido por un grupo evangélico liderado por Jáuregui y su esposo.

Organizaciones de derechos humanos exigieron acciones inmediatas. Flora Tristán condenó “la indolencia” frente a la “abominable violación de derechos de las niñas” y rechazó “la utilización del dolor de las víctimas como campaña mediática”. La Red de Sobrevivientes Perú alertó sobre violencias múltiples en un entorno de fe y solicitó una respuesta urgente del MIMP. Consultada por Infobae Perú, la oficina de prensa del ministerio —hoy encabezado por Sandra Gutiérrez— no emitió comentarios, mientras crecen los pedidos de intervención del Ministerio Público.