El gobierno de José Jerí formalizó ante el Congreso su pedido de facultades legislativas, colocando la “reorganización absoluta” del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como uno de los pilares de la propuesta. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó a Canal N que esperan la aprobación parlamentaria en los próximos días, dado que el plan responde a recientes inspecciones penitenciarias y a la necesidad de reubicar a internos altamente peligrosos.
Álvarez precisó que la reestructuración contempla la salida del actual jefe del INPE, Iván Paredes, pues una renovación total implica cambios en la dirección institucional. El Ejecutivo plantea un paquete de 58 medidas, de las cuales 27 están orientadas directamente a reforzar la seguridad ciudadana. Según explicó, las propuestas han sido elaboradas con el aporte de técnicos, generales en retiro y especialistas en inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Entre las medidas anunciadas figura la reubicación diferenciada de internos: quienes representen mayor peligrosidad serán trasladados a penales de máxima seguridad con personal experimentado, mientras que los reos primarios pasarán a otros establecimientos. Álvarez describió las reformas como “lógicas y audaces”, orientadas a recuperar el control del sistema penitenciario.
El Ejecutivo ya evaluaba desde semanas atrás la posibilidad de reorganizar el INPE y, en noviembre, incluso consideró declararlo en emergencia ante el incremento de la criminalidad. El hallazgo de que líderes de bandas delictivas continúan operando desde prisión —mediante antenas clandestinas y acceso ilegal a internet— impulsó a acelerar esta reforma, cuyo objetivo es cortar esas comunicaciones y fortalecer los controles internos.
La propuesta también incluye la aplicación del polígrafo a funcionarios penitenciarios para detectar posibles actos de corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque esta herramienta no constituye prueba legal, Álvarez indicó que puede ofrecer indicios relevantes para iniciar investigaciones y depurar al personal, en un sistema penitenciario que, según el Gobierno, requiere cambios urgentes y profundos.
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