El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.° 008-2025, una norma de aplicación inmediata que establece medidas excepcionales de austeridad y control del gasto en todas las entidades del Poder Ejecutivo. La decisión responde al aumento del déficit fiscal, que alcanzó 2.4 % del PBI a septiembre, superando el límite legal de 2.2 %.
El decreto restringe las transferencias financieras a un plazo máximo de siete días desde su publicación. Pasado ese tiempo, estarán prohibidas, salvo excepciones puntuales como las destinadas al Seguro Integral de Salud, la Caja de Pensiones Militar Policial y el programa Llamkasun. Los titulares de cada entidad serán responsables del cumplimiento de esta disposición.
Entre las medidas más severas destaca el congelamiento de partidas para gastos operativos, incluidos servicios de publicidad, consultorías, eventos, talleres y contrataciones bajo la modalidad CAS. El objetivo es frenar el crecimiento del gasto corriente en un contexto de baja recaudación tributaria y reducir el uso de recursos en actividades no esenciales.
La norma también limita las modificaciones presupuestarias en proyectos de inversión pública, autorizando solo fondos para obras con contratos firmados o en ejecución física. De esta forma, se busca evitar la creación de nuevos compromisos sin respaldo técnico ni financiero, priorizando la culminación de proyectos en marcha.
Finalmente, los recursos ahorrados serán centralizados en la Reserva de Contingencia, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El decreto, firmado por el presidente José Enrique Jerí, el presidente del Congreso de Ministros, Ernesto Álvarez y la titular del MEF Denisse Miralles, regirá hasta el 31 de diciembre de 2025 y será de cumplimiento obligatorio para todo el Poder Ejecutivo.
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