Durante una entrevista con Panorama, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez, explicó que la decisión se estudia tras los recientes operativos en diversos centros penitenciarios realizados en el marco del estado de emergencia. La medida busca desarticular la influencia de organizaciones delictivas que continúan operando tras las rejas.
"Ya, ahora si se ha comprobado que muchos líderes de bandas criminales operan cómodamente desde la cárcel, entonces tampoco les falta la comunicación, tienen accesos a internet mediante antenas clandestinas portátiles. [¿Se evalúa declarar en emergencia el INPE?] Es una de las medidas que si se está contemplando", declaró Álvarez.
El jefe del gabinete ministerial sostuvo que se pretende “limpiar el INPE” y recuperar el control institucional. En ese sentido, señaló que el uso del polígrafo en el personal penitenciario constituye “un indicio en el que un trabajador de una institución pública tiene problemas de verosimilitud y es un indicio para poderlo investigar”.
Asimismo, el premier adelantó que la reestructuración contempla el traslado de los reclusos más violentos hacia penales con personal especializado. “Lo más importante (...) es tratar de distribuir los presos de alta peligrosidad, aquellos que si son los delincuentes violentos a los que se les tiene que aislar, separarlos de la delincuencia común. Los de alta peligrosidad a aquellos penales donde el personal ya tiene experiencia en el manejo de reos peligrosos y estos debe ser en Lurigancho y Ancón I”, precisó.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo apunta a un cambio estructural en el sistema penitenciario, cuya debilidad ha permitido la expansión del crimen organizado desde el interior de las cárceles. El proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno para recuperar el control del Estado sobre las instituciones más vulnerables frente a la corrupción y las mafias.
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