El Gobierno de José Jerí aprobó el Decreto Legislativo N.° 1710, una norma que en la práctica dispone la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y plantea una reestructuración integral del sistema penitenciario. La medida surge en un contexto de creciente inseguridad, denuncias de corrupción y evidencias de que organizaciones criminales operan desde los centros de reclusión, lo que ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para ejercer control efectivo.

El decreto crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que absorberá al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES). La nueva entidad estará adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Según la norma, esta fusión responde a las “limitaciones estructurales del modelo vigente” y busca una gestión unificada que refuerce la seguridad y los procesos de resocialización.

Entre las funciones que concentrará la SUNIR figuran la administración de cárceles y centros juveniles, la ejecución de medidas alternativas a la prisión, la vigilancia electrónica y el seguimiento postpenitenciario. También asumirá la seguridad interna y externa de los establecimientos, la formación del personal penitenciario y la supervisión de la participación del sector privado y la sociedad civil. Aunque el discurso oficial enfatiza la reinserción social, el eje predominante del decreto apunta al control del sistema y a cerrar espacios a la infiltración del crimen organizado.

La reforma se implementará mediante un proceso de transferencia que deberá culminar en 90 días hábiles, con una posible prórroga de 30 días. Durante este periodo, una comisión se encargará de trasladar bienes, personal y recursos, mientras las entidades absorbidas continúan operando. No obstante, especialistas advierten vacíos: el decreto no aborda el hacinamiento, la falta de infraestructura ni el déficit presupuestal, pese a exhortaciones previas del Tribunal Constitucional. Así, la creación de la SUNIR marca un giro institucional profundo, pero deja abiertas dudas sobre su impacto real frente a una crisis penitenciaria que requiere soluciones de fondo.