El Gobierno oficializó este viernes la designación de Raúl Timoteo Inga Garay como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en reemplazo de Jorge Henry Cotos Ochoa. La medida fue publicada mediante la Resolución Suprema Nº 099-2026-JUS en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas del presidente José María Balcázar y del ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra.

Según el documento oficial, el nombramiento tiene como objetivo “garantizar la continuidad administrativa y operativa” del sistema penitenciario en una etapa clave de cambios institucionales. Paralelamente, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Jorge Cotos Ochoa mediante la Resolución Suprema Nº 098-2026-JUS, cerrando así su gestión al frente del organismo encargado de la administración de los establecimientos penitenciarios del país.

La designación de Inga Garay se produce en medio de la implementación de una de las reformas más importantes del sector justicia en los últimos años. A través del Decreto Legislativo Nº 1710, el Gobierno creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que asumirá progresivamente las funciones del INPE y se convertirá en el nuevo ente rector del sistema penitenciario y de reinserción social en el Perú.

La reforma también contempla la absorción del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres). Sin embargo, mientras culmina el proceso de transición, el INPE continuará operando con normalidad y mantendrá todas sus funciones legales. 

“Las autoridades deben seguir ejerciendo sus competencias hasta concluir la fusión institucional”, señala la normativa transitoria, en un contexto donde la crisis penitenciaria y el hacinamiento carcelario siguen siendo temas prioritarios en la agenda pública.