El Ministerio Público solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presunta colusión agravada y omisión de funciones.

La medida, planteada por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Lima, también alcanza a otros exfuncionarios del organismo electoral. La audiencia ha sido programada por el Poder Judicial para este jueves 30 de abril a las 11:00.

Según la tesis fiscal, Corvetto habría emitido lineamientos especiales para la contratación de bienes y servicios electorales bajo la Ley 32513, los cuales habrían sido utilizados para “flexibilizar los términos de referencia y favorecer a la empresa Gálaga SAC en la buena pro”.

Asimismo, se le atribuye haber designado en 2023 a José Samamé como gerente de Gestión Electoral, pese a que “no contaría con la experiencia requerida para el cargo”, lo que, según el fiscal Raúl Martínez, habría facilitado el presunto direccionamiento.

En la investigación también se señala una posible concertación entre Corvetto y Juan Alvarado, representante de la empresa beneficiada, aunque el Ministerio Público no habría presentado elementos adicionales que sustenten de manera directa este supuesto acuerdo.

A ello se suma la imputación por omisión de funciones, debido a que más de 63 mil electores no pudieron votar en los comicios del 12 de abril por la no instalación de mesas, situación ante la cual Corvetto anunció que no se aplicaría multa electoral.

Cabe recordar que el pedido inicial de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE fue rechazado por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, quien concluyó que no existía peligro de fuga ni de obstaculización. “La sola afirmación de que el investigado ya no labora en la ONPE no acredita riesgo procesal”, sostuvo el magistrado, al precisar que no se evaluaron aspectos como arraigo familiar o laboral.

Además, indicó que la negativa de Corvetto a entregar su celular “no justifica una detención”, ya que existen otras medidas como la incautación para garantizar la investigación