La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima remitió un oficio con carácter urgente a Podemos Perú para que, en 24 horas, entregue información y documentos que respalden la denuncia pública por la presunta adjudicación irregular de la Vía Expresa Norte durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga, hoy candidato presidencial por Renovación Popular. El requerimiento, contenido en el Oficio N.° 65-2026 del 5 de febrero, forma parte de una investigación preliminar abierta de oficio.
Según el documento firmado por la fiscal adjunta Rut Elizabeth Ucaña Arenas, la agrupación liderada por José Luna debe remitir elementos probatorios, precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, e identificar a funcionarios de EMAPE que habrían intervenido en los hechos denunciados. El caso se originó por las acusaciones de regidores de Podemos Perú, quienes sostienen que la obra —adjudicada en febrero de 2025 por más de S/ 277 millones— habría favorecido al consorcio integrado por Gezhouba Group Company Perú y Chavín Engineering & Construction S.A.C., a través de un proceso canalizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los denunciantes alegan un incremento injustificado frente al monto referencial inicial (S/ 264 millones) y cuestionan que, con apenas 8 % de avance, se hayan eliminado estaciones a desnivel en puntos de alta demanda (Naranjal, Izaguirre y Tomás Valle) sin reducir el presupuesto, lo que “podría beneficiar económicamente al consorcio”. “La empresa gana la licitación al ciento cinco por ciento, es decir, catorce millones más del presupuesto original”, afirmó el regidor José Luis Luna. El caso toma mayor relieve porque Gezhouba integra una lista congresal de empresas chinas investigadas por corrupción y registra antecedentes en procesos como “Los intocables de la corrupción”, además de contratos con el Estado por casi S/ 3000 millones entre 2018 y 2025.
En respuesta, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) negó irregularidades y defendió que la adjudicación se realizó bajo concurso oferta, con financiamiento público y supervisión de la OIM, garantizando “transparencia, trazabilidad y eficiencia”. EMAPE atribuyó las denuncias a la coyuntura electoral y aseguró que la obra, iniciada en septiembre de 2025, sigue el cronograma. La Fiscalía evaluará ahora la información que remita Podemos Perú para definir nuevas diligencias en una investigación que promete impacto político y judicial.
