Durante varios días, la supuesta tentativa de atentado contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, generó una gran controversia política. El hecho ocurrió durante una actividad oficial en Villa María del Triunfo, donde dos jóvenes fueron detenidos por presuntamente planear un ataque armado.
Sin embargo, tras revisar los informes policiales y las pruebas reunidas, la Fiscalía determinó que no existían elementos que acreditaran la existencia de un atentado. Por ello, el caso fue archivado en los extremos referidos a homicidio calificado y atentado, quedando vigente solo la acusación por tenencia ilegal de armas.
La resolución fiscal precisó que no se hallaron evidencias de actos preparatorios ni conductas que permitan inferir intención de ataque. En consecuencia, no se formalizó la investigación por homicidio calificado contra los detenidos Paolo Pizango Iriarte y Alexander Castro Lara.
Pese al archivo de los cargos más graves, la Fiscalía mantuvo la imputación por tenencia ilegal de armas contra Pizango. Su abogado, Wuiliam Rey, afirmó que su defendido fue víctima de una “siembra” y que asistió al evento como simpatizante del alcalde, sin intención delictiva.
En el caso de Castro Lara, el Ministerio Público dispuso su liberación al no hallarse indicios ni materiales peligrosos en su poder. Se descartó además su participación en la fabricación o suministro de explosivos, quedando fuera del proceso penal.
Pese a la conclusión de la Fiscalía, López Aliaga insistió en que “sí existió un intento de ataque” y expresó su desacuerdo con el archivo del caso. En declaraciones públicas, aseguró que los detenidos actuaron de manera coordinada y señaló que “perdona” a quienes intentaron atentar contra él.
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