En plena crisis institucional, un oficio atribuido a los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales solicitó a la Junta de Fiscales Supremos una revisión extraordinaria del proceso de elección del fiscal de la nación. El pedido surge como respuesta directa a la disputa sobre el retorno de Delia Espinoza y expone el quiebre interno que atraviesa el Ministerio Público. La difusión pública del documento encendió una nueva controversia.
El oficio argumenta que el Ministerio Público necesita “una política de gestión sostenida en el tiempo” para afrontar la inseguridad y fortalecer su autonomía. Sin embargo, especialistas advierten que el pedido podría convertirse en un precedente institucional peligroso. Su eventual aplicación abriría un camino inédito en la historia de la entidad, afectando la estabilidad de los mandatos vigentes. La discusión ya escaló a nivel nacional.
Consultada por Infobae, la congresista y exfiscal de la nación Gladys Echaíz cuestionó la compatibilidad del pedido con la legislación actual. Recordó que nunca un mandato de fiscal de la Nación se ha dado por concluido de esta forma. “Siempre se han aceptado sugerencias, sobre todo en vista de la situación en la que está el Ministerio Público y que preocupa a todos, pero el periodo es de tres años. Nunca se ha visto y sería muy difícil dar por concluido un mandato a raíz de estas situaciones. Sería una infracción constitucional porque el mandato es de tres años y no se puede dar por concluido por una u otra causa de esta naturaleza”.
La parlamentaria explicó que situaciones vinculadas al comportamiento institucional corresponden a la Junta Nacional de Justicia, que mantiene suspendida a Delia Espinoza pese a la orden judicial de reponerla. “Yo creo que lo correcto sería que se espere la decisión de la JNJ para evitar mayores complicaciones o que se siente un precedente que no es bueno para nadie. Además, no está previsto ni en la ley ni en la Constitución que se pueda dar por concluido un mandato frente a situaciones disfuncionales de la institución”.
Sobre el fallo que ordena la reposición de Espinoza, Echaíz enfatizó la necesidad de respetar las vías procesales. “Debe ser revisada y hay que esperar qué es lo que resuelve el superior, porque lo puede revocar”. También advirtió que el caso llegará al máximo intérprete de la Constitución. “Es una acción de garantía que va a terminar necesariamente en el Tribunal Constitucional, sea por una o por la otra parte. Y allí el TC tendrá la oportunidad de resolverlo, pero el Poder Judicial no se ha pronunciado en última instancia y en una sentencia de fondo”. Finalmente, alertó que algunos jueces “están contraviniendo el texto constitucional y su propia ley orgánica y toda la normatividad vigente”.
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