Un grupo de fiscales especializados en crimen organizado y corrupción de funcionarios expresó su rechazo al proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público impulsado por el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, y enviado recientemente al Congreso. 

La propuesta, elaborada por una comisión especial que incluyó a fiscales y abogados litigantes, busca reformar la estructura de la institución, pero ha generado cuestionamientos desde el interior del propio sistema fiscal.

A través de un oficio dirigido al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, Juan Mendoza Barca, los magistrados advirtieron que el proyecto permitiría el traslado de fiscales a otras especialidades bajo el argumento de “necesidad de servicio”. 

En ese sentido, alertaron que esta medida “pone en riesgo la independencia de los fiscales en el desempeño de sus cargos”, al abrir la posibilidad de presiones internas o externas que afectarían su labor.

Como antecedente, los fiscales recordaron que la inamovilidad es una garantía clave para asegurar investigaciones imparciales, especialmente en casos complejos de corrupción y crimen organizado. 

“Esta situación podría aumentar el riesgo de influencias o presiones internas o externas, (...) que definitivamente podría ir en contra de la calidad del servicio que se debe prestar a la sociedad”, señala el documento, en el que también se solicita convocar una reunión para emitir un pronunciamiento institucional.

El debate se produce en un contexto de reconfiguración en la cúpula del Ministerio Público, luego de que la Junta Nacional de Justicia ratificara la destitución de Delia Espinoza. En los próximos días, los fiscales supremos deberán elegir a un nuevo titular de la institución, en medio de cuestionamientos y antecedentes como el caso “Los cuellos blancos del Puerto”, que involucra a algunas de las actuales autoridades y marca el clima de tensión en el sistema de justicia peruano.