El Gobierno autorizó que el Estado asuma la defensa legal del presidente José Jerí, que afronta una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.
La medida fue formalizada mediante la Resolución N.° 000005-2026-DP/SSG, emitida por el Despacho Presidencial, tras una solicitud presentada por el propio mandatario luego de ser incluido como investigado por la Fiscalía de la nación.
Según el documento, el beneficio se otorga únicamente para la etapa preliminar y se sustenta en la normativa del Servicio Civil.
El caso estalló públicamente el 1 de febrero, cuando un reportaje periodístico reveló que mujeres allegadas a Jerí habrían obtenido contratos tras visitas nocturnas a Palacio de Gobierno.
Entre los primeros nombres figuraron Guadalupe Vela Ramírez, quien logró órdenes de servicio en Essalud y el Ministerio del Ambiente, y Cristina Veraún Rojas, vinculada a labores de comunicación interna.
El 3 de febrero, nuevas investigaciones ampliaron la lista a ocho personas, varias de ellas contratadas bajo la modalidad Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), pero los medios señalan que no cumplen con los requisitos para altos cargos.
El 5 de febrero, informes adicionales elevaron el número de involucradas a 14 y hasta 22 “visitadoras”, según versiones periodísticas. Ese mismo día, Guadalupe Vela y Cristina Veraún presentaron sus renuncias, mientras surgían más nombres como Susana Gutiérrez Rivera, Rossmary Malpartida y Rosa Rueda Yaya.
Ante las contrataciones, un comunicado de la Presidencia señaló que no había ninguna irregularidad en la contratación de las señoritas. Sin embargo, ante tantas cuestiones de los medios de comunicación. El gobierno de José Jerí no presenta hasta la fecha evidencias que certifiquen que fue por la vía legal, como anuncian sus ministros y el mismo presidente.
MÁS IRREGULARIDADES. Uno de los puntos más sensibles del caso es el incremento abrupto de sueldos y beneficios económicos. Destaca Stephany Vega Morón, quien pasó de ganar S/1500 en 2021 a percibir más de S/22 000 mensuales en la PCM, además de registrar la adquisición de vehículos y bienes de alto valor.
