‘ContraCorriente’ reveló que la suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza, enfrenta una batalla interna en el Ministerio Público. Sus declaraciones públicas tras su salida reflejan una preocupación directa por el futuro de su equipo más cercano. A través de entrevistas, sostuvo que un reemplazo interino no debe alterar la estructura que dejó.
“Un fiscal interino no tiene la autoridad para modificar a su personal, esto traería desequilibrio”, afirmó Espinoza. Entre las figuras de confianza que dejó en cargos clave destaca Fanny Quispe Farfán, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, a quien designó durante sus primeros meses en el cargo.
El 18 de septiembre, Espinoza dispuso la creación de la “Unidad de Análisis Estratégico Operativo”, presentada como una oficina de inteligencia fiscal bajo la dependencia directa de Quispe. Según críticos, esta unidad le otorga gran autonomía en el uso de información, con el riesgo de ser utilizada para “atentar contra sus enemigos”, consolidando el control sobre los flujos de datos sensibles.
La red de lealtades también abarca vínculos familiares. El abogado constitucionalista Pedro Grández Castro, esposo de Quispe, defendió abiertamente a Espinoza en medios de comunicación, calificando su suspensión como un “despropósito” y ensalzando la “batalla solitaria” que habría librado por la institucionalidad. Sin transparentar su nexo, Grández se convirtió en un escudero político de la suspendida fiscal.
Otra maniobra clave fue la providencia del 8 de septiembre, firmada por Espinoza, que limitó la autonomía fiscal al impedir la apertura de investigaciones sin autorización de la Coordinación Nacional de Extinción de Dominio. Expertos la calificaron como “altamente inconstitucional”. Aunque Espinoza insiste en que sus subalternos son “honestos” y teme su reemplazo, sus acciones dejan ver una estrategia orientada a preservar influencia y control en la institución.
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