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La expresidenta Dina Boluarte gestionó ante el Congreso su acceso a una pensión vitalicia y a una serie de privilegios apenas diez días después de haber sido vacada, el pasado 10 de octubre. Su solicitud, enviada el 20 de ese mes al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, busca activar los beneficios correspondientes a un exjefe de Estado por sus dos años y diez meses en el Ejecutivo. El monto mensual de la pensión podría llegar a los S/ 35 mil, sujeto a que se valide el incremento salarial aprobado durante su propia gestión.
En el documento remitido, Boluarte también exige un paquete de beneficios adicionales: el uso vitalicio e irrestricto de un vehículo oficial, la contratación directa de un trabajador bajo régimen CAS con un sueldo de S/ 3700 mensuales, la provisión de 150 galones de gasolina cada mes y la continuidad de su seguro de salud privado. Todos estos privilegios, afirmó, le corresponden por ley, aunque quedarían suspendidos si el Parlamento llega a abrirle un juicio político y aplica una sanción.
Respecto al cálculo de la pensión vitalicia, los montos fluctúan entre S/ 26 mil y S/ 35 mil, dependiendo de si se reconoce o no el aumento salarial aprobado en su gobierno, que elevó su ingreso de S/ 15 600 a S/ 35 568. Especialistas como Cabrera Marchán señalan que la decisión final recae en el Congreso, pero advierten que no sería tan simple validar un incremento que podría implicar la revisión de todo el procedimiento seguido en ese momento.
No es la primera vez que Boluarte reclama beneficios económicos tras dejar un cargo público. Durante su salida del RENIEC, exigió pagos por más de S/ 428 mil por supuestos beneficios sindicales y laborales que la entidad consideró improcedentes. El caso llegó al Poder Judicial, que finalmente solo reconoció un monto de S/ 239 mil. Su reciente solicitud reaviva el debate sobre el alcance de los privilegios para exmandatarios y las decisiones adoptadas desde el poder para beneficiarse de ellos.
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