La polémica estalló en la Policía Nacional del Perú luego de que el comandante general Óscar Arriola identificara públicamente al suboficial de tercera Luis Magallanes como el presunto responsable del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruíz Sanz durante las protestas del 15 de octubre en Lima. El pronunciamiento, realizado en plena investigación, fue calificado como precipitado y dañino por miembros activos y retirados de la institución, quienes acusan a Arriola de sacrificar a un subordinado para proteger intereses políticos.
Uno de los más duros cuestionamientos vino del suboficial en retiro José Antonio Palacios, director del medio La Voz de la Policía, quien afirmó que Arriola “ha vendido el alma” al señalar a Magallanes sin pruebas concluyentes.
“Todavía no había pericia balística, no había solución atómica, no había una declaración formal, no había absolutamente nada”, denunció Palacios.
Además, criticó el mal planeamiento operativo y la precariedad con la que los suboficiales fueron enviados a controlar las manifestaciones.
Cabe recalcar que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, también contradijo la versión oficial de Arriola, generando un quiebre en la narrativa institucional. Mientras tanto, el suboficial Magallanes permanece hospitalizado y bajo detención preventiva, en medio de una investigación que apenas comienza.
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