El fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez, sostuvo una reunión con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno el lunes 9 de marzo para abordar la crisis presupuestal que enfrenta el Ministerio Público del Perú. 

El encuentro se inició a las 9:40 de la mañana y se extendió hasta las 11:03, con la participación de la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Ana Velarde Roa, y el gerente general de la institución, César Enríquez Gutiérrez.

Según explicó el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, uno de los principales temas fue la urgente necesidad de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema fiscal en todo el país. 

“La operatividad del Ministerio Público es a nivel nacional. Algunos distritos fiscales del interior han informado que no tienen presupuesto ni siquiera para pagar la luz, el agua y el Internet”, advirtió el magistrado en declaraciones públicas.

La institución ha solicitado 677 millones de soles adicionales para cubrir gastos esenciales, como servicios básicos, logística y traslados de fiscales en distintas regiones. Días antes de la reunión en Palacio de Gobierno, el gerente general César Enríquez Gutiérrez también sostuvo un encuentro con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de gestionar recursos que permitan evitar una paralización parcial de las actividades del Ministerio Público.

La crisis se arrastra desde la discusión presupuestal realizada en 2025 ante el Congreso. Chávez Cotrina recordó que la institución sustentó la necesidad de contar con cerca de 15 mil millones de soles, pero finalmente se aprobó menos de 2 mil millones. 

“Estamos trabajando casi con la quinta parte del presupuesto que solicitó la Fiscalía de la Nación”, afirmó. Además, advirtió que, si el MEF no aprueba un crédito adicional, alrededor de 4700 trabajadores de apoyo fiscal y administrativo podrían ser despedidos en marzo, lo que agravaría aún más la capacidad del sistema de justicia para enfrentar la criminalidad en el país.