Las recientes revelaciones sobre las reuniones que sostuvo el presidente José Jerí con mujeres que luego obtuvieron contratos con el Estado han generado controversia en Palacio de Gobierno.
Según la información difundida, varias de ellas no solo visitaron el despacho presidencial —en algunos casos hasta altas horas de la madrugada— sino que posteriormente fueron contratadas y participaron en viajes oficiales, incluso en el avión presidencial. El tema ha encendido el debate sobre transparencia y criterios de contratación en el Ejecutivo.
Entre los casos más comentados figura el de Rosa Rueda Yaya, quien obtuvo su título de abogada en noviembre de 2025 y un mes después fue contratada como analista administrativa.
Consultado al respecto, el abogado José Elice señaló que “analista administrativa parece más de tipo propiamente administrativo. Entonces, no tengo explicación para eso”.
También destaca Alicia Camargo Leiva, contratada vía Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) y quien acompañó al mandatario en 17 viajes. “Ella asiste personalmente al presidente en temas de protocolo”, explicó el vocero Ciro Flores Delgado.
Otro caso es el de Fiorela Melgarejo Sánchez, contratada por orden de servicio para seguimiento y monitoreo, quien acumuló siete viajes oficiales.
“Hace seguimiento a los compromisos del presidente, participa en mesas de trabajo y toma apuntes”, detalló Flores Delgado. Situaciones similares se observan en las designaciones de Susana Gutiérrez Rivera y Hilda Zapata Juárez, también bajo la modalidad FAG.
Sobre los requisitos de este régimen, Elice precisó: “Piden los requisitos que se exigen para la tarea específica para la cual uno es contratado”.
Desde el despacho presidencial, el vocero rechazó que las reuniones previas sean un requisito para la contratación.
“Por supuesto que no, esa es una mera casualidad”, afirmó, y agregó que la transición presidencial obligó a “echar mano de todo el personal que se pueda” para garantizar el funcionamiento del aparato estatal.
Sin embargo, las coincidencias entre visitas, contratos y viajes oficiales han incrementado el escrutinio público y político sobre las decisiones adoptadas en Palacio de Gobierno.
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