El Congreso volverá a poner en agenda la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez en la sesión del Pleno prevista para el jueves 5 de marzo. Se trata de tres pedidos de reconsideración que buscan revertir las votaciones realizadas en noviembre y diciembre de 2025, cuando no se alcanzaron los 68 votos requeridos —dos tercios del número legal de congresistas— para aplicar sanciones políticas por presuntas infracciones constitucionales.
En el caso de Chávez, el punto 11 de la agenda corresponde a la Denuncia Constitucional 351. El 19 de noviembre de 2025, el Proyecto de Resolución Legislativa 13248 obtuvo 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, cifra insuficiente para su inhabilitación por diez años. Situación similar ocurrió el 3 de diciembre con el Proyecto 13465, vinculado a las denuncias 547 y 575, que logró 54 respaldos, también por debajo del mínimo exigido.
Respecto a Castillo, el Parlamento revisará la reconsideración del Proyecto de Resolución Legislativa 13464, que planteaba su inhabilitación por diez años por presuntas infracciones a diversos artículos de la Constitución tras el intento de quiebre del orden constitucional en diciembre de 2022. Aquella votación alcanzó 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. Con estas reconsideraciones, el Legislativo reaviva el debate político y jurídico en torno a responsabilidades y sanciones.
En paralelo, el presidente José María Balcázar descartó evaluar el pedido de indulto presentado por la defensa de Castillo. “En la agenda del Ejecutivo no figura ninguna medida de gracia”, afirmó el 20 de febrero. Un día antes, también dejó en suspenso el salvoconducto para Chávez, quien permanece en la Embajada de México, señalando que el tema será analizado con Cancillería. Así, mientras el Ejecutivo descarta beneficios, el Congreso insiste en avanzar con la inhabilitación de Castillo y Chávez, intensificando la tensión política en el país.
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