La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final que plantea inhabilitar por 10 años a los exfiscales de la nación Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza. Con nueve votos a favor, el grupo parlamentario respaldó la Denuncia Constitucional 528, que los acusa de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato e instigación a usurpación de funciones. La sesión fue presidida por Lady Camones.
El informe señala que los exfiscales habrían transgredido la Ley 32130 y el Decreto Legislativo 957 al aprobar la Resolución 2246-2024, documento que, según los denunciantes, invade competencias de la Policía Nacional del Perú. La acusación fue impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes sostienen que la resolución vulneró el marco legal que regula la investigación policial.
La decisión se da en un contexto de tensiones internas en el Ministerio Público. Delia Espinoza envió una carta al fiscal interino Tomás Gálvez, exigiendo que cumpla la orden judicial que dispone su reposición como fiscal de la nación. Espinoza pidió suspender todas las gestiones institucionales realizadas por Gálvez y conformar una comisión de transferencia ante su próxima salida del cargo.
En paralelo, la SAC admitió la Denuncia Constitucional 645 presentada por Espinoza contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros José Gavidia y Dimitri Senmache. Se les acusa de negociación incompatible por la designación irregular de miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, quienes habrían asumido funciones sin evaluación de méritos ni propuesta del fuero castrense.
Asimismo, el grupo parlamentario rechazó la Denuncia Constitucional 623 contra once congresistas por presuntas infracciones constitucionales y delitos de encubrimiento y obstrucción. Finalmente, también se abordó la Denuncia Constitucional 331, que involucra a Elvis Vergara, Pedro Francke y Mirtha Vásquez por supuesta infracción constitucional y patrocinio ilegal, manteniendo abierta la agenda de investigaciones políticas en el Legislativo.
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