El Congreso programó para este miércoles 17 de diciembre la segunda votación del proyecto que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa, que modifica el Decreto Legislativo 1293, busca extender por un año más el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, tras haber sido aprobada en primera votación el pasado 4 de diciembre con 60 votos a favor.
El texto aprobado establece la suspensión temporal de las exclusiones del Reinfo, salvo en casos de minería ilegal o actividades fuera de zonas autorizadas. La norma consolida varios proyectos de ley y fue ajustada a pedido del Ejecutivo, que solicitó reducir el plazo de ampliación y eliminar la reincorporación de más de 50 mil expedientes previamente excluidos, propuesta que finalmente fue rechazada por el pleno.
Durante el debate parlamentario también se descartaron disposiciones complementarias polémicas, como la prohibición del uso de mercurio en la minería informal, que fue rechazada con amplia mayoría. Estas votaciones separadas reflejaron la división en el Congreso respecto a cómo enfrentar los impactos ambientales y sociales de la actividad minera informal.
Uno de los cambios centrales del proyecto es el nuevo rol del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que asumirá la rectoría del proceso de formalización en coordinación con los gobiernos regionales. La norma dispone la centralización de trámites, la supervisión ambiental y la transferencia de expedientes al Minem en un plazo máximo de 60 días, además de exigir a los mineros un sinceramiento obligatorio de la ubicación georreferenciada de sus operaciones.
Asimismo, la propuesta incorpora un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a cargo del INEI, y refuerza el control sobre la comercialización del mineral, obligando a los compradores a verificar el origen y la legalidad de la concesión. Mientras defensores del proyecto sostienen que brinda seguridad jurídica y protege el empleo, críticos como el congresista Jorge Montoya advierten que, sin reformas estructurales, la prórroga podría derivar en nuevas protestas sociales en 2026.
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