El Congreso de la república otorgó al presidente José Jerí facultades legislativas por 60 días para que el Ejecutivo pueda crear un nuevo delito de revelación de información reservada relacionada con investigaciones penales y actuaciones policiales, según la resolución publicada este 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano.
La decisión busca fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, aunque gremios periodísticos han expresado su preocupación por las posibles implicancias para la libertad de información.
A la fecha no existe una norma específica, por lo que aún se desconoce a quiénes aplicará exactamente el nuevo tipo penal y cuál será la pena correspondiente.
En el decreto publicado se indica que se establecerá “un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena (por el delito de revelación de información), garantizando el derecho fundamental a la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional”.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) alertó que la iniciativa puede menospreciar la labor periodística. Señalaron que la medida “criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional”, afectando, sobre todo, a investigaciones de relevancia pública.
Asimismo, desde el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar aseguró que el texto es “muy amplio” y podría alcanzar incluso a periodistas que informen sobre casos de interés general.
El Ejecutivo, en tanto, niega que se trate de una “ley mordaza”. El jefe de la PCM, Ernesto Álvarez, enfatizó que la propuesta busca penalizar a policías, fiscales o jueces que revelan información confidencial a investigados, y afirmó que “no existe ninguna voluntad de atacar o indisponerse con la prensa”, anunciando que los periodistas serán convocados para aportar sugerencias durante la redacción del decreto legislativo.
Este no es el primer conflicto entre el Estado y la prensa. En abril de 2025, la Ley N.° 32301 impuso control previo estatal sobre medios con financiamiento internacional, una norma que fue criticada por más de 270 periodistas de 24 países por sus efectos sobre la libertad de prensa y la libertad de asociación, lo que refuerza las preocupaciones actuales sobre el nuevo tipo penal propuesto.
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